Comenzamos el año 2026 con otra una nueva sentencia favorable para SIEP, la Sentencia nº 402/2025, relativa al proceso selectivo de promoción interna al Cuerpo Administrativo por el que se adjudicaron puestos singularizados sin que estos hubieran sido previamente ofertados vía concurso de méritos a los funcionarios de carrera ya pertenecientes al cuerpo.

La sentencia reafirma que esta forma de actuar por parte de las responsables de la función pública vulnera los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, además del principio de promoción profesional, al impedir que funcionarios con mayor antigüedad y experiencia puedan optar a estos puestos, como señala expresamente el Tribunal, “queda seriamente debilitada la efectividad de los principios de mérito y capacidad cuando quienes ya son funcionarios no tienen posibilidad de acceder a estos puestos y sí la tienen quienes acaban de ingresar”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria recuerda que lo juzgado en este procedimiento no es un hecho aislado, y que la propia Sala ha resuelto ya pleitos sustancialmente idénticos. El fallo declara nula la adjudicación de determinados puestos singularizados que fueron ofrecidos directamente a personal de nuevo ingreso sin haber sido previamente ofertados mediante concurso de méritos a los funcionarios de carrera del cuerpo correspondiente.

Desde el SIEP queremos dejar claro que no estamos en contra de que se oferten puestos singularizados en procesos de promoción interna o de nuevo ingreso. Lo que defendemos es que siempre se respete un concurso previo, que garantice los principios constitucionales y favorezca la carrera administrativa de quienes ya pertenecen a un determinado cuerpo.

Esta sentencia refuerza una vez más la línea de trabajo que venimos manteniendo en SIEP: defender los derechos de todos los empleados públicos, y exigir una Administración justa, transparente y respetuosa con la legalidad.

Seguiremos trabajando con firmeza en esta defensa, porque las normas existen y los tribunales están respaldando nuestra actuación sindical basada en principios, coherencia y compromiso con el empleo público.

A continuación os facilitamos la sentencia para vuestra información y conocimiento. En ella puede comprobarse, una vez más, la condena en costas a la Administración, derivada de una actitud persistente e injustificable: ignorar el criterio de los tribunales y recurrir sistemáticamente sentencias que ya vienen respaldadas por doctrina consolidada e incluso por la jurisprudencia. Otra cuestión esta que señalar puesto que se mantienen criterios dictando actos administrativos con pleno conocimiento de que no se ajustan a la legalidad tal y como vienen ratificando las sentencias.

Esta política de litigiosidad innecesaria está generando un importante perjuicio económico, con un elevado volumen de dinero público destinado al pago de costas judiciales por procedimientos que la propia Administración pierde. Unos recursos que se están despilfarrando en pleitos evitables, con el rechazo que esto produce no sólo como trabajadores sí no como ciudadanos y cuando debería destinarse a mejorar las condiciones laborales, profesionales y retributivas de los empleados públicos.

Os seguiremos informando